En el marco de la suspensión temporal del tramo federal de la Supervía Poniente anunciada recientemente por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), debido a que no hay manifestación de impacto ambiental y no se autorizó el desmonte de una zona forestal, las organizaciones firmantes reiteramos nuestro apoyo a la lucha legal y pacífica del Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota.

Hemos expresado públicamente que este proyecto vulnera un conjunto de derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México. Las violaciones están plenamente acreditadas en la Recomendación 1/2011 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 20 de enero de este año. La ejecución de este proyecto implica violaciones al derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano, al agua, a la información, a la participación ciudadana y a la seguridad jurídica y legalidad.

La intervención de la Profepa constituye una prueba más de la ilegalidad que ha caracterizado al proceso. Es imprescindible, y por eso reiteramos nuestra demanda, que se haga valer el Estado de derecho frente a la vulneración de la ley por parte del poder público. La ejecución de un proyecto que no cumple los requisitos establecidos en la legislación, muestra la falta de voluntad de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para ser garantes de los derechos humanos y vigilar  el estricto cumplimiento de las leyes.

En el marco del aniversario de la emisión de los decretos expropiatorios nos sumamos a las voces de distintos sectores de la vida pública, especialistas, académicos y organizaciones que rechazan la sustentabilidad del proyecto y que han denunciado la carencia de justificaciones técnicas, jurídicas y sociales que sustenten la realización de esta obra.

Reiteramos nuestro reconocimiento a la resistencia legal y pacífica del Frente Amplio cuya lucha está avalada por las innumerables organizaciones y ciudadanos que se han sumado a la defensa de los derechos de los habitantes de la ciudad de México ante el ejercicio arbitrario e insensible de la autoridad por parte del Gobierno del Distrito Federal.

Exigimos que el Gobierno del Distrito Federal acate plenamente la determinación de la Profepa y que no pretenda minimizar la resolución ni excusar su actuación contraria a la legalidad.

Demandamos que sean respetados plenamente los derechos humanos de las y los habitantes de la ciudad y se propicie, por encima de cualquier interés personal o privado, un clima de participación ciudadana y se construyan alternativas sustentables de movilidad al sur poniente con base en la promoción del transporte público digno, eficiente y ecológico. También nos expresamos porque los órganos jurisdiccionales que conocen de las controversias relacionadas con la Supervía sean un mecanismo efectivo de control y resuelvan conforme a los más altos estándares de protección a los derechos humanos.