Luis Arriaga
La apertura económica, en condiciones de desigualdad, ha favorecido la emigración forzada en México y en los países centroamericanos debido a la falta de empleos, los bajos salarios y la falta de alternativas para garantizar la subsistencia en los lugares de origen. Un gran número de personas, abandona diariamente pueblos y ciudades para emprender una difícil y larga travesía. Algunas engrosarán los cinturones de miseria en las grandes ciudades, otras arribarán a países donde podrán encontrar algunas oportunidades para vivir dignamente. El destino parece no importar: en su travesía por territorio mexicano, se convierten en víctimas fáciles de la delincuencia organizada y las autoridades coludidas con ésta, un fenómeno que ha aumentado de manera notable en los últimos cuatro años, cobrando un saldo de decenas de miles de víctimas cada año. Hoy convocamos a esta conferencia para demandar al Estado mexicano que ponga fin a estos abusos sistemáticos contra las personas migrantes.
México además de ser un país expulsor se caracteriza porque cada año miles de personas provenientes de Centroamérica (171 mil según la Segob) se internan al país principalmente con el objetivo de llegar a Estados Unidos. No todas lo logran, sea por tener algún accidente, sea por ser extorsionadas o detenidas por funcionarios mexicanos, sea por haber muerto en el camino o por haber sido víctimas de grupos criminales.
En su paso por nuestro territorio las personas transmigrantes experimentan un verdadero infierno. La migración masiva de centroamericanos está controlada por grupos delictivos conformados por polleros, asaltantes, elementos de seguridad privada, pandillas, autoridades de los tres niveles de gobierno y desde luego, secuestradores. Desde que se internan al país por la frontera sur reciben tratos degradantes, pese a que la retórica oficial afirma que no se les criminaliza. Funcionarios no autorizados continúan con la práctica de detener a personas que aparentan ser extranjeras con el fin de extorsionar a quienes se internan de manera irregular en el país, si no es que entregana estas víctimas indefensas a grupos del crimen organizado. Los altamente criticados “operativos” de verificación migratoria se llevan a cabo con un uso claramente irracional y excesivo de la fuerza, provocando lesiones o incluso la muerte de personas migrantes. Los migrantes que no pueden acreditar su estancia legal en el territorio son llevados a las estaciones migratorias, que son en realidad centros de detención cuyas condiciones y procedimientos de ninguna manera garantizan los derechos humanos. Ante dicho panorama de criminalización de facto y abusos por parte de las autoridades, aquellas personas migrantes que carecen de una documentación regular se ven obligadas a transitar por el país en la clandestinidad, es decir, sobre los trenes cargueros por un número limitado de rutas ferroviarias. Dichas rutas las colocan en una situación de suma vulnerabilidad, ya que los grupos del crimen organizado las vigilan constantemente para llevar a cabo secuestros masivos de migrantes.
En los últimos años la situación ha empeorado y ha alcanzado niveles alarmantes. Efectivamente, el secuestro de migrantes ha llegado a constituir una verdadera tragedia humanitaria según se expresó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la audiencia en la que el tema fue presentado en marzo del año pasado.
El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicaba en 2009 que de septiembre de 2008 a febrero de 2009, 9758 migrantes fueron víctimas de secuestro en el país. En su nuevo informe, que da seguimiento al anterior, la CNDH da cuenta del aumento en el número de secuestros a personas migrantes en territorio mexicano: de abril a septiembre de 2010 la cifra incrementó a 11 333 víctimas (partiendo del dato anterior, serían 22 666 víctimas cada año). A los estados de Tabasco y Veracruz son agregados ahora Chiapas, Tamaulipas y San Luis Potosí como los de mayor incidencia. Al secuestro también son asociados actos como extorsión, violación sexual, tortura, asesinato y otras violaciones graves de derechos humanos fundamentales.
El incremento de más de 1500 personas refleja, de acuerdo con la CNDH, «que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante».
En cuanto a las mujeres, casos documentados permiten concluir que 6 de cada 10 migrantes son violadas sexualmente en su tránsito por México (Amnistía Internacional), mientras una porción más grande de mujeres es víctima de abusos sexuales durante su viaje a la frontera norte.
Esta mayor vulnerabilidad de la población migrante responde a varios factores, entre los cuales corresponde un gran peso a las políticas migratorias mexicanas que consideran el asunto como una cuestión de seguridad, basta para ello recordar que el Instituto Nacional de Migración forma parte del Consejo de Seguridad Nacional y que el gobierno mexicano ha fortalecido los controles fronterizos en el sur del territorio. Estos controles han incluido el establecimiento de puestos de control migratorio a lo largo de las rutas empleadas para transitar de la frontera sur a la frontera norte. Es para evadir estos puestos que los migrantes atraviesan rutas que han sido aprovechadas por la delincuencia organizada para cometer abusos como el secuestro, el robo, la violación sexual, explotación laboral y sexual, trata y homicidio.
Otro factor es la existencia de una frontera común con los Estados Unidos y la dependencia de la política migratoria mexicana con respecto a la política norteamericana. Tras la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, una columna editorial del New York Times señalaba que estas cosas “no existen aisladas. Los cárteles mexicanos de las drogas son alimentados desde fuera, por el dinero estadounidense, las armas pesadas y la adicción; el imán hacia el norte de los inmigrantes es alimentado por nuestra demanda de mano de obra barata”, y señala esta misma columna que los estadounidenses han “delegado a los señores de las drogas el trabajo de manejar [el] suministro migratorio, tal como ya manejan [el] suministro de narcóticos”.
Ante esta situación el flujo migratorio no se detiene. La solución no consiste en pretender bloquear el ingreso y el tránsito de las personas migrantes. Son necesarios en los países que los emplean y los países expulsores no dan muestras de cambiar las condiciones que los obligan a emigrar. En estas condiciones las personas transmigrantes seguirán entrando al país y los grupos criminales continuarán acechando a un porcentaje importante de migrantes obligados a viajar de manera clandestina. Esta crisis humanitaria requiere una respuesta efectiva por parte del Estado mexicano, obligado por numerosos tratados internacionales a garantizar y proteger la libertad, la seguridad, la integridad y la vida de todas las personas que transitan o se internan al país, con independencia de su calidad migratoria. Irónicamente, fue una delegación mexicana la que adoptó un papel de liderazgo durante la redacción de la Convención Internacional para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Se ha señalado que el dictamen de Ley de Migración pendiente en la Cámara de Diputados constituye un paso en esta dirección, sin embargo en éste no se cambia el enfoque securitario de la política migratoria; se sigue rigiendo por el paradigma de seguridad nacional que busca controlar el flujo de personas antes que velar por sus derechos fundamentales. Desde esta perspectiva se criminaliza de facto a la persona migrante en situación irregular, lo que la relega a la clandestinidad y aumenta su vulnerabilidad ante abusos de autoridades y del crimen organizado.
No se prevé una ruta clara de regularización para la mayoría de la población transmigrante, lo cual resulta absurdo porque son los graves abusos sufridos diariamente por las personas transmigrantes el motivo de la actual atención al tema por parte del ejecutivo y el legislativo. Sin esta ruta se deja a la población transmigrante en la clandestinidad.
La estrategia anunciada por el gobierno (que tampoco se ha aplicado de manera eficaz) y reflejada en la iniciativa de ley consiste principalmente en reaccionar a los abusos cometidos contra migrantes mediante investigaciones. Se requiere para que esto funcione que migrantes indocumentados establezcan contacto con autoridades para denunciar los delitos, y que se dedique una enorme cantidad de recursos humanos y económicos a la tarea de investigar dichos delitos. Es cierto que la investigación de los secuestros y abusos es una obligación legal del Estado, pero esta medida no ataca el origen de los secuestros: la gran mayoría de las personas transmigrantes secuestradas no tiene un estatus regular en México, lo que las obliga a viajar a través de rutas clandestinas conocidas por los grupos criminales. Por lo tanto consideramos que una solución debe consistir en que la Ley de Migración incluya un estatus regular temporal, de dos meses, para la población transmigrante.
La Ley de Migración también debe incluir medidas concretas de reconocimiento público y protección eficaz a favor de todas las personas defensoras de los derechos de las y los migrantes, sin condicionar el derecho de proveer asistencia humanitaria a ningún estatus legal o personal. De otra manera se generan condiciones que vulneran tanto a las personas transmigrantes como a sus defensoras y defensores que comparten comida, vestido e incluso techo. Este profundo sentido humanitario no debe ser objeto de sospecha como se ha pretendido hacer con los albergues establecidos a lo largo de las rutas de migración o con personas como Concepción Moreno, criminalizadas por su solidaridad.