Señaló que la actual iniciativa de Ley de Migración no ofrece ningún estatus regular y por ende condena a la clandestinidad a las y los transmigrantes -aquellas personas que buscan cruzar territorio mexicano a Estados Unidos y enfrentan un riesgo enorme de ser secuestradas por grupos del crimen organizado en tanto tienen que viajar en los trenes cargueros en su trayecto hacia el norte. El obispo señaló que al ofrecérseles un estatus regular por un periodo de dos meses, las personas transmigrantes podrían viajar en transporte público, previniendo los secuestros de hasta decenas de miles de personas, privando al crimen organizado de hasta 50 millones de dólares anuales y generando ahorros importantes en recursos humanos y financieros del Estado.
Al presentar el documento Campaña para terminar con los secuestros de migrantes en México: La necesidad de una visa temporal de protección para transmigrantes, el obispo señaló que además de ser una obligación moral atender la crisis humanitaria a gran escala que viven las personas transmigrantes en el país, sólo al posibilitar la regularización de transmigrantes podrá el Estado ganar la autoridad moral para exigir un trato digno para las personas mexicanas que emigran a Estados Unidos sin una documentación regular. Precisó que no corresponde a México convertirse en otro muro contra el flujo de migrantes latinoamericanos, sino al contrario el fin de la política migratoria debe ser salvaguardar los derechos fundamentales de las y los migrantes que sólo buscan una vida digna para sí y para sus familias.
Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), destacó la urgencia de la situación al recordar que según cifras oficiales, más de 22,000 migrantes son secuestrados anualmente por grupos delictivos, muchas veces con la colusión de autoridades. Dicha situación, la cual ya ha sido condenada energéticamente por órganos internacionales de derechos humanos, afecta de manera especialmente brutal a las transmigrantes mujeres, la mayoría de las cuales sufre abusos sexuales en territorio mexicano.
Por su parte, el doctor Alejandro Anaya del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) compartió los datos arrojados por estudios llevados a cabo por dicha institución, los cuales igualmente ponen de manifiesto la correlación entre la clandestinidad y la vulnerabilidad de las y los migrantes a ser víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales.
El texto completo de la propuesta de visa temporal de protección para transmigrantes se puede encontrar en la página web del Centro Prodh (
La necesidad de una visa temporal de protección para transmigrantes (979.44 kB)) y está abierta a adhesiones por parte de organizaciones de la sociedad civil.