El día 2 de febrero de 2011 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a través de su director, entregó información sobre las afectaciones a los derechos de la niñez en México por el caso del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora y por las violaciones a la libertad de expresión debido al hostigamiento contra periodistas de la revista Contralínea.

Luis Arriaga Valenzuela presentó al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, en el Palacio Wilson, de Ginebra, un documento en el que son detalladas las afectaciones a la vida o a la integridad física y emocional de los menores lesionados debido al incendio de la guardería ABC. En el mismo documento se indica que se perpetró una violación grave a los derechos humanos de los padres y madres asegurados, quienes esperaban, en el ejercicio pleno de sus derechos, que hubiera condiciones mínimas de seguridad en la guardería que operaba bajo el esquema de subrogación a particulares de los servicios cuya responsabilidad corresponde satisfacer al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El texto del Centro Prodh afirma que en las 1480 estancias infantiles que operan bajo el mismo régimen legal, conocido como “vecinal comunitario”, por el que se ha pretendido reducir los gastos de operación del IMSS, se ha privilegiado el lucro sobre la prestación de un servicio que debería satisfacer los derechos humanos de las niñas y de los niños bajo su custodia. Da cuenta el mismo documento de las acciones realizadas por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio así como de las actuaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellas la investigación que evidenció el desorden generalizado que prevalece en el sistema general de guarderías subrogadas.

También en Ginebra el Centro Prodh entregó al señor Frank La Rue, Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, información actualizada acerca de los recientes hechos de hostigamiento judicial en contra de los periodistas de la revista Contralínea debido a que estos acontecimientos constituyen un ataque contra la libertad de expresión.

Miguel Ángel Badillo y Ana Lilia Pérez han enfrentado desde 2007 una serie de hostigamientos relacionados con información difundida en la revista Contralínea. Sus investigaciones, profesionalmente documentadas, involucraron a funcionarios públicos con el tráfico de influencias y el abuso de autoridad prevaleciente en los procesos de contratación de Petróleos Mexicanos. A partir de la publicación de esas investigaciones han sido objeto de actos de acoso, persecución, represión y amenazas de muerte. La revista ha sido también objeto de demandas civiles infundadas emprendidas por empresarios involucrados en los actos que en ésta han sido denunciados.

El último de estos actos intimidatorios, denunciado por el Centro Prodh en el documento referido, fue la sentencia emitida, el pasado 3 de enero de 2011, contra los periodistas por el “uso abusivo de la libertad de expresión” y porque, a consideración de la jueza, la información relacionada con el uso de recursos del gobierno federal (una de las líneas de la investigación periodística) a través de contrataciones “no es de interés público”.

Esta sentencia, una de cuyas prohibiciones -la más grave- ha sido la de “no publicar nunca más nada” relacionado con las empresas beneficiadas por el tráfico de influencias, se suma a la serie de acosos que los periodistas han padecido a raíz de su ejercicio profesional.  Lo anterior a pesar de que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La nueva sentencia, apelada el 24 de enero, no sólo viola los derechos de Miguel Ángel Badillo y Ana Lilia Pérez, afecta también de manera grave a la sociedad mexicana al restringir su derecho de estar informada sobre temas que sí son de interés público. Por estas razones el Centro Prodh ha solicitado al Relator Especial que exhorte al gobierno mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión.