El día de hoy, en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se realizó la última conferencia de prensa del caso Campesinos Ecologistas, preliminar a la audiencia que en la Corte Interamericana (CI) tendrán Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera los próximos 26 y 27 de agosto en San José, Costa Rica.
Luis Arriaga, director del Centro Prodh, presentó un acercamiento a los detalles de la audiencia y agregó que Rodolfo está preparando sus testimonios sobre su labor realizada en la defensa de los bosques, misma que los mantienen actualmente en el exilio sin su familia, su tierra y sus bosques. Enfatizó que “No se trata ya de recomendaciones, sino de una sentencia con carácter vinculante, es decir obligatoria, para el Estado mexicano”. Subrayó que “a diferencia de los casos de campo algodonero y Rosendo Radilla, Rodolfo y Teodoro están vivos. El Estado deberá garantizar la no repetición de estos agravios, que siguen siendo una realidad en México ante las defensoras y defensores.”
José Luis Caballero, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana UIA, expuso: “Lo que nos parece que está gritando este caso es que en México está quebrado el aparato de justicia, y que hay una absoluta impunidad. Estos 6 casos ante la Corte Interamericana lo evidencian” y agregó que “la falla democrática es la ausencia de rendición de cuentas de los funcionarios y servidores públicos del país.”
Caballero señala que México está obligado a modificar el artículo 57 del código de justicia militar; se espera desde hace meses una reforma para que la jurisdicción militar no se extienda por sobre la ciudadanía. No sólo es modificar el artículo, sino interpretar a la luz de la jurisprudencia el artículo 13 de la constitución.
Por su parte, el Oficial Nacional de Derechos Humanos de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, Carlos Delatorre, explica que este será el primer caso de defensoras y defensores de derechos humanos que es llevado ante la Corte Interamericana, ya que “no solamente las víctimas padecen violaciones, sino también quienes los defienden. No se trata de un caso aislado, sino de un mecanismo utilizado por el Estado en contra de defensoras y defensores.”
El comité de derechos humanos de la ONU reiteró otras de las recomendaciones que ya habían presentado anteriormente; en particular, menciona su preocupación para que los juzgados militares dejen de tener la facultad de juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles.