El próximo 5 de junio se cumplirá el primer aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. A causa de este hecho, 49 menores murieron y más de 70 resultaron lesionados. Pese a la gravedad del caso, los padres de familia no han encontrado justicia hasta el día de hoy. Su exigencia no puede ser suplida con declaratorias de luto ni con la atención médica deficiente a los niños sobrevivientes. No han sido atendidos los problemas de fondo, entre ellos la falta de debida diligencia del Estado para garantizar la vigencia de los derechos humanos en el país.

El 6 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ejercer la facultad de investigación dispuesta en el artículo 97 de la Constitución. De acuerdo con lo determinado por la SCJN, el objeto general de esta investigación consiste en recabar los elementos de juicio necesarios para que el máximo tribunal resuelva si los sucesos del 5 de junio de 2009 ocurridos en la guardería ABC generaron violación de las garantías individuales contenidas en los artículos 4º, en el caso de los menores que estaban inscritos en esa guardería, y 123 constitucionales en cuanto a las garantías de seguridad social en favor de sus padres y los trabajadores del establecimiento.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que la investigación realizada por la Suprema Corte resulta de trascendencia para la sociedad por el interés público que reviste el caso y por la afectación directa a los derechos de un grupo que requiere especial protección. Es necesario que en el ejercicio de su facultad la SCJN aproveche la oportunidad que se le presenta para pronunciarse de manera contundente, tras una investigación minuciosa y responsable, sobre los derechos a una vida digna, a la salud, a la seguridad social, entre otros. No es otro el objeto de las disposiciones constitucionales en las que se centra la investigación. La Suprema Corte, como garante del orden constitucional, debe exigir al Estado mexicano que cumpla con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, así como establecer los mecanismos necesarios para hacerlos efectivos.

Esperamos también que como consecuencia de esta investigación sean señaladas las omisiones cometidas por las diversas instancias de gobierno y que se señale directamente a los responsables para que las instancias correspondientes procedan a la realización de los procesos penales y administrativos que en derecho correspondan.

Consideramos relevante el proyecto del ministro ponente Arturo Saldívar, al mismo tiempo llamamos al Pleno de la Suprema Corte a ampliar sus consideraciones sobre los derechos humanos violados y a tomar en cuenta en todo momento los estándares más altos en materia de protección de los mismos derechos.

El Centro Prodh considera que en los hechos del cinco de junio fueron violados los derechos a la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a los derechos de los niños y las niñas. Cabe por lo tanto responsabilidad al Estado mexicano que permitió la comisión de tales hechos debido a que no ha tenido la debida diligencia para velar efectivamente por los derechos de niños y padres. Tal situación no es exclusiva de la guardería ABC, pero hacer justicia en el presente caso es un hecho que el Estado mexicano no debe omitir.