México D.F., 11 de diciembre de 2008

Boletín de prensa SJ-08-10

  • No existe compromiso del Estado mexicano para hacer efectivos derechos como acceso a la justicia, no discriminación contra las mujeres y derecho a la integridad personal consignados en la Declaración Universal
  • Las investigaciones realizadas por la FEVIMTRA han resultado inadecuadas e ineficaces pues aún no se tiene a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos

Han sido numerosas las celebraciones realizadas para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos; no obstante, las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el Operativo Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, denuncian públicamente la falta de compromiso por parte del Estado mexicano para hacer efectivos los derechos ahí contenidos, tales como acceso a la justicia, no discriminación contra las mujeres, derecho a la integridad personal y prohibición de ingerencias arbitrarias en nuestra vida, entre otros.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), ha representado activamente a 11 denunciantes de tortura sexual a raíz de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. La Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) inició una serie de investigaciones que, a mas de 31 meses, han resultado inadecuadas e ineficaces pues aún no se consigna a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas contra Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Evidenciamos públicamente el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado mexicano, pues como denunciantes hemos enfrentado diversas irregularidades en esta búsqueda por la justicia, y en nuestra exigencia de una investigación seria y efectiva por parte de la FEVIMTRA.

Entre las diversas irregularidades se encuentra la falta de apoyos psicológicos, médicos y legales o el retraso en el ofrecimiento de dichos servicios, incluido entre ellos la práctica del Protocolo de Estambul y la negativa a considerar como prueba plena los peritajes realizados por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a que el Estado mexicano, en respuesta a la recomendación del Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, señaló que los resultados forman parte de la averiguación previa “y en caso de ser consignada será valorado por el Juez junto con el resto de las pruebas”.

Además, contraviniendo su deber de facilitar la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos, adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad y garantizar su seguridad, la agente del ministerio público adscrita a la FEVIMTRA ordenó la realización de un estudio socio familiar y económico al cual nos opusimos por no ser una práctica tendente a la comprobación de los hechos constitutivos de delito ni a la identificación de los responsables. Ante la negativa, tanto la autoridad investigadora como sus peritos en materia de trabajo social rindieron su peritaje, en el cual existen señalamientos revictimizantes, con injerencias arbitrarias en la vida personal de las denunciantes.

En el caso de la ciudadana española Cristina Valls, quien presentó una querella ante la Audiencia Nacional de España a fin de que se investigue la tortura y agresión sexual que sufrió tras su detención en los hechos ya señalados, la Procuraduría General de la República solicitó el establecimiento de una Comisión rogatoria que implicaría tomar declaración a Cristina Valls y someterla a la realización de nueve informes. Women’s Link ha señalado que no participará en dicha Comisión, pues incumple los más básicos estándares internacionales y nacionales que los Estados deben tener en cuenta a la hora de investigar los crímenes de tortura, y estima que la actuación de la Procuraduría General de la República responde únicamente al intento de paralizar la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda investigar, con base en la justicia universal, el crimen de tortura cometido en el marco del Operativo Atenco.

Ante estos hechos mostramos nuestra preocupación porque las supuestas investigaciones que se están desarrollando por parte de la FEVIMTRA, órgano perteneciente a la PGR, giran exclusivamente en torno a las víctimas, en lugar de investigar a los culpables. Mencionamos nuevamente que ante la ineficacia de las instancias nacionales, el 29 de abril el Centro Prodh y las mujeres denunciantes de tortura, buscando la admisibilidad del caso, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición, de manera que recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura y garantizar medidas de no repetición.

Mayores informes:

Área de comunicación y análisis del Centro Prodh

Tania Tamara Gómez

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