Sitio: Grupo Fórmula
Reportera: Estela Juárez Aguilar
Martes, 11 de septiembre de 2012
Delgada y tímida, pero con ojos expectantes, Salustia Aparicio habla de la situación en que vive su familia desde hace más de dos años cuando apresaron a su esposo Pascual Agustín Cruz en la comunidad de Atla, Pahuatlán, Puebla. Lo mismo Brígida, esposa de José Ramón Aniceto Gómez. Ambos adoptados como presos de conciencia por Amnistía Internacional.
Delgada y tímida, pero con ojos expectantes, Salustia Aparicio habla de la situación en que vive su familia desde hace más de dos años cuando apresaron a su esposo Pascual Agustín Cruz en la comunidad de Atla, Pahuatlán, Puebla. Ella tiene 35 años, es pequeña y muy delgada, porta un reboso que no suelta y aprieta cuando se le pregunta cómo ha cambiado su vida a partir de la detención de Pascual.
Entiende el castellano, pero prefiere que sea su hija Adriana –de seis que tiene- quien traduzca las preguntas y las respuestas al náhuatl. «Dice mi mamá que se siente triste cuando va a verlo, le duele mucho porque lo encarcelaron injustamente, la gente lo sabe, él es inocente, él sólo hizo lo que tenía que hacer por el bien del pueblo», dice Adriana sonrojada. La mujer ríe con las preguntas y suspira con paciencia. «El no hizo nada, sólo dio agua al pueblo, hizo para que la gente tenga acceso al agua y mejor vida.
«Me siento cada vez más triste, cada vez que mi mamá va a visitarlo, se le queda la tristeza», agrega Adriana, quien parece agregar esas palabras a las de su madre. Ambas dicen sentirse más tranquilas desde que los abogados del Centro Prodh llevan el caso pues en primer lugar no tienen que preocuparse por pagar más abogados y se sienten más optimistas, pues parece que hay más esperanzas de que ambos líderes comunitarios salgan libres.Salustia, tiene dos trabajos en el campo y la casa y dice trabajar todo el día e incluso en la noche «para darnos de comer» y aunque es beneficiaria del Programa Oportunidades, insiste en que las cosas han sido más difíciles sin su esposo.
«Está preso por un delito que no cometió, lo que hizo mi papá fue defender el agua y no robo ningún vehículo, eso ya se comprobó, él no se robó nada y tiene que ser liberado», concluye la menor. Brígida, esposa de José Ramón es más afectiva, nada menos al salir del Centro de Readaptación de Huauchinango, Puebla, agradeció con un abrazo a gran parte de los activistas que acudieron el fin de semana a mostrar su solidaridad.
Al igual que Salustia dice que su esposo es inocente, que lo acusan de un delito que no cometió y que confían en que con el apoyo del Centro Prodh pronto puedan salir libres. En ese mismo sentido es el testimonio de Máximo Florentino Gómez, hermano de José Ramón Aniceto, quien admite que la detención de su hermano y de Pascual ha infundido cierto temor en algunos pobladores. Sin embargo, también dijo que su lucha por la liberación de sus dirigentes no cesará, menos ahora que cuentan con el apoyo internacional, «ya vimos que nos estamos solos».
«Su visión como autoridades electas por la mayoría fue darle agua a todos, pero el cacique, desde que están presos, la controla nuevamente y cobra por cada toma de agua entre tres mil 500 y cinco mil pesos por toma de agua, dependiendo si son sus amigos o no. «Mi hermano no tenía esa idea, cuando entró junto con Pascual tenían la idea de beneficiar a toda la comunidad, pero eso no les gustó a los acaparadores y les pusieron la trampa y los encarcelaron injustamente», puntualizó el hombre mientras servía un vaso de refresco a uno de los visitantes de Amnistía Internacional a su comunidad.