En esta semana que celebramos el Día Internacional de la Mujer, gracias a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, es preciso hacer una reflexión sobre la experiencia que tienen ellas en este momento de la historia de nuestro país, que enfrenta prácticamente una guerra civil en algunas regiones.

Ayer, en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU presentó frente a funcionarios públicos de México un informe sobre la situación del país. Entre otras cosas, señaló: «El grupo de trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades o por grupos criminales o particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos».

Los días 28 y 29 de febrero de 2012, reunidos en el Centro Indígena de Capacitación Integral, Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, decenas de organizaciones se encontraron para intercambiar experiencias y saberes. Esto, dentro del compromiso con la construcción de alternativas que frenen y transformen las condiciones estructurales y sistémicas que han desatado la violencia de Estado.

Historias destacadas del día de derechos humanos, en medios convencionales y alternativos. 02 de Marzo de 2012

Durante la inauguración de la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, la procuradora general de la República, Marisela Morales, dijo que: “El mundo globalizado en el que vivimos propicia que factores como el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de armas, entre otros, se constituyan en nuevas, difusas y complejas amenazas que rebasan las fronteras nacionales y ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestra tranquilidad, por lo que se requiere la cooperación de todos para enfrentarlas exitosamente».

Israel Arzate Meléndez fue víctima de tortura por militares en Ciudad Juárez, quienes lo obligaron a incriminarse por delitos que no cometió. Actualmente, se encuentra bajo arraigo en un proceso plagado de irregularidades que cuestiona la eficiencia del nuevo sistema de justicia penal. Por esto, la ONU y las OSC exigen al Estado mexicano su inmediata liberación.