Ante la crisis climática actual, las represas son proyectos mucho menos sustentables y con mayores riesgos de inundaciones catastróficas. El desfogue continuo de estas represas ha traído como consecuencia la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, miles de personas afectadas y comunidades que se han visto obligadas a migrar. De esta forma, los pueblos originarios quedan sumidos en una mayor pobreza y con las consecuencias de impactos ambientales irreversibles.
Sin embargo, el gobierno federal continúa permitiendo la construcción de megaproyectos en el país. Desde 1995, el gobierno tiene planeada la construcción de 510 represas para hidroeléctricas. De éstas, 112 estarán localizadas en Veracruz, según los proyectos de privatización de la energía, las cuencas y los ríos que ya están en progreso. Según el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), la SEMARNAT, como la CFE y CONAGUA, en complicidad con los gobiernos estatales y las empresas, siguen implementando los mismos mecanismos de siempre: extorsión, chantaje, mentiras, falsas promesas, división comunitaria, violación sistemática de los derechos humanos; falta de transparencia y nula consulta previa e informada. En conclusión: nunca se buscan alternativas a la gestión del agua y la energía e imponen los proyectos con total impunidad violando leyes ambientales, constitucionales, agrarias, entre otras.
Por lo tanto, el MAPDER saluda la realización del Segundo Foro Estatal de Afectados por las Presas e Hidroeléctricas en Veracruz, que se llevará a cabo el 10 y 11 de septiembre en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, donde comunidades indígenas nahuas son amenazadas y hostigadas por los proyectos que amenazan a sus tierras y sus territorios.