Con esos antecedentes, la intención de revisar la Ley -y más aún, de revisar integralmente la política pública de protección a periodistas, defensoras y defensoras- encontraría materia y horizonte si buscase cumplir de forma cabal con esas recomendaciones. Pero, lamentablemente, en los términos en que se ha anunciado el nuevo proceso y en el contexto que la rodea, el escepticismo es justificado.
En primer lugar, porque aunque se insiste con llamativo énfasis en que en esta cuestión el problema central son las autoridades locales; lo cierto es que en el propio Gobierno Federal subsisten contradicciones que no permiten asumir que en toda la administración pública federal se entienda y respete a cabalidad el rol de las y los defensores civiles y el papel de la prensa independiente: la retórica presidencial -de lo que puede dar constancia Animal Político, cuyo trabajo siempre reivindicaremos-; el fortalecimiento inédito de sectores que no han cambiado un ápice su añeja desconfianza a la sociedad civil como son las Fuerzas Armadas; o la incapacidad de la Fiscalía General de la República -que, no lo dudemos, es la Fiscalía de este Gobierno Federal- para esclarecer los casos de agresiones, dan cuenta de ello. En última instancia, es también el modelo de seguridad y justicia impulsado por esta administración, caracterizado por la militarización y la incapacidad de la fiscalía, lo que está detrás de la continuidad de la violencia.
En segundo lugar, también se justifica el escepticismo porque en este sexenio las reformas por las que han modificado normas de derechos humanos no siempre han tenido un buen desenlace.
En tercer lugar, las dudas son fundadas porque la insistencia en que estados y municipios deben asumir sus responsabilidades despierta preocupaciones no menores.