Un año después de la masacre de migrantes en Camargo, Tamaulipas, en la que fueron asesinados y calcinados dieciséis migrantes de Guatemala, dos mexicanos y un salvadoreño, no se ha avanzado mucho en el proceso legal. Abogados de la Fundación para la Justicia, el Centro Prodh y la Red Jesuita con Migrantes dan seguimiento desde la representación legal de los familiares. Doce policías estatales, algunos de los cuales pertenecen a un grupo de operaciones especiales (GOPES), entrenados por Estados Unidos, fueron detenidos por su responsabilidad en la masacre. La migración debe de ser un asunto de derechos humanos y no un asunto militar ni criminal, pero la realidad es bien diferente.
La migración insegura y desordenada que masivamente se está dando ahora tiene que ver precisamente con las políticas, no solo migratorias, sino de todo tipo. Los jóvenes como Rubelsy, Uber, Rivaldo y Anderson, cuatro de los menores que murieron en la masacre, no tienen oportunidades de estudio porque después de la escuela primaria no hay opciones en su municipio, Comitancillo, abandonado por años por los planes educativos. No hay facilidades para emprendimientos porque no hay, por ejemplo, ni un solo cajero automático en todo el municipio. Y podríamos seguir hablando de las carreteras o de la salud. Cuatro mujeres que componían el grupo, Dora Amelia, Paola Damaris, Leyda Siomara y Santa Cristina, iban con el proyecto de mejorar la salud de sus hijos o de sus padres. Santa Cristina quería ayudar a la operación de labio leporino de su hermanita. Pero la falta de desarrollo, tan unida a la corrupción y la impunidad, hacen que se viva en la inseguridad y el desorden en muchos municipios de donde huyen las personas migrantes. Y se encuentran en el tránsito por México con más inseguridad y desorden, a pesar de los pactos globales de migración que en diciembre del año 2018 fueron firmados por más de 160 paísescomprometiéndose a una migración “segura” y “ordenada”.