Es claro que con la reforma se quiso dejar claro que la política exterior no es de libre configuración -no es cierto, en nuestro contexto constitucional, que cada gobierno pueda definir con absoluta libertad de configuración su política exterior-, sino que debe ajustarse a determinados principios normativos entre los que, desde 2011, se encuentra el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos.
En este sentido, la carta abierta publicada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que encabeza una defensora reconocida en todo el continente como es Vilma Núñez, en la que piden a las naciones que acudieron a la toma de protesta escuchar a las víctimas, es elocuente sobre esa labor.
Como es sabido, México ha sido intermitente en sus posiciones frente a la crisis de Nicaragua. La reciente contradicción entre la Cancillería, que acertadamente había determinado no validar con su presencia una reelección ilegal e ilegítima acompañada de la represión de los opositores, y el presidente, que pertrechado en una visión añeja revirtió en una mañanera esa decisión inicial, da cuenta de ello.