El Poder Legislativo federal está en aprietos. En la semana se dio a conocer un acuerdo del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México en el cual establece un plazo de 10 días a las Cámaras de Senadores y Diputados para enmendar la Ley General de Comunicación Social.
El meollo del asunto radica en que la clase política, aglutinada en el Congreso como cuerpo político que encarna la representación popular, se atrinchera para violar el derecho fundamental a la información. La actitud del Legislativo perpetúa prácticas discrecionales en el gasto de comunicación social que implican vulnerar de manera permanente el derecho a informar y ser informados.
¿Qué sigue? Hay varios escenarios. El primero es que el Juez de Distrito decrete el incumplimiento de la sentencia, multe a los presidentes de las Cámaras e informe a la Suprema Corte para que abra un expediente (incidente) dentro del cual se analice la posibilidad de separación del cargo. Ante lo atípico de la situación no se sabe que suceda después: si se separaría del cargo a todas y todos los legisladores o solamente a quienes encabezan las Cámaras. Aún con una severa sanción la obligación de reformar la Ley Chayote persistiría para las y los legisladores suplentes. El segundo escenario es que el Juez, una vez recibidos los informes de (in)cumplimiento de las Cámaras decida dar una prórroga con bases objetivas y verificables de que se hizo todo lo posible para cumplir. Un tercer e improbable escenario es que las Cámaras llamen a un periodo extraordinario de sesiones; reformen o de plano emitan una nueva ley; y cumplan la sentencia en 10 días. Esta situación ya la descartó el Diputado Gutiérrez Luna.