El 16 de septiembre Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, hizo pública una comunicación a nombre al menos cuatro Procedimientos Especiales de la ONU. La comunicación, que se presenta con carácter de urgente busca expresar al Gobierno de México la preocupación de los Procedimientos Especiales por los asesinatos de Javier Barajas, de Rosario Zavala y las amenazas contra Norma Barrón, Angélica Zamudio y de otras familias de personas desaparecidas en Guanajuato.
En pocas palabras, solicitan información, exigen reparación del daño y medidas de no repetición. El Gobierno de México sencillamente ignoró la solicitud de información y no respondió a los Procedimientos. Si bien el Gobierno de Guanajuato señala haber respondido la solicitud de información que a su vez la Secretaría de Gobernación le hizo, no queda claro qué información pudieron haber proporcionado que vaya más allá de los lugares comunes y el abordaje superficial que han hecho de la situación de las buscadoras de personas desaparecidas en la entidad.
Como se ha publicado en este espacio, el más reciente acto de hostigamiento contra una buscadora fue el allanamiento del que Paula Rojas fue objeto en León, Guanajuato, este mismo mes. ¿Qué espera el Estado Mexicano para tomarse en serio las condiciones de riesgo en el que se encuentran las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato?
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