Los obstáculos actualmente no son procesales, sino materiales. Esto debido a que la Fiscalía General de la República ha entorpecido la entrega de la información (ganada en tribunales) bajo el pretexto de que las 33 mil 203 fojas que integran la averiguación previa solicitada no se encuentran digitalizadas, y por las que se requiere el pago de más de 33 mil pesos por copias simples, o más de 700 mil pesos por copias certificadas, lo cual representa un costo excesivo y desproporcionado para que nos sea garantizado nuestro derecho de acceso a la información.
Lo anterior genera una serie de violaciones a nuestros derechos a la seguridad jurídica, derecho de acceso a la información, derecho de igualdad, al principio de legalidad, al principio de proporcionalidad, al principio de gratuidad en el acceso a la información y violación a la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, en específico el derecho de acceso a la información. Lo anterior bajo el amparo y luz de lo establecido por nuestra constitución en su artículo sexto que señala que toda la información en posesión del Estado es pública, y la misma deberá regirse bajo el principio de máxima publicidad.
*Lea el artículo completo en Animal Político