De aprobarse la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, sin duda seguiría explorar las alternativas jurídicas para cuestionar la constitucionalidad de la nueva legislación y reformas conexas, pero -con independencia de su resultado- lo más importante sería empezar un proceso de reflexión que nos lleve a plantear una reforma profunda a nuestra regulación constitucional de la investigación penal y su interacción con otras funciones (más bien obligaciones) del Estado, tales como la búsqueda de personas, la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o la prevención y combate al lavado de dinero.
Un ánimo de escepticismo, por decir lo menos, impera entre quienes hemos cuestionado la inminente aprobación de una nueva Ley de la Fiscalía General de la República. Todo indica que no han sido suficientes los reiterados llamados a un proceso mucho más profundo de reflexión, ni las múltiples advertencias sobre los retrocesos que implicaría esta nueva legislación. Múltiples actores han encendido las alarmas.
*Lea el artículo completo en Animal Político