No obstante, recién el pasado 15 de julio se presentó la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas, suscrita por Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local. Esa iniciativa fue producto de un largo proceso de parlamento abierto, donde participaron un conjunto de familiares, colectivos e instituciones asesoras sobre desaparición forzada. En todo ello ciertamente fue significativa la disposición política del propio presidente del Congreso; sin embargo, a siete meses de haberse presentado aquella iniciativa, con cada día que pasa aumenta el riesgo de que se quede en la congeladora legislativa, pues se aproxima la jornada electoral del 6 de junio, de la cual emanará una nueva legislatura.
Esta urgente ley supone una oportunidad para el estado de Puebla de iniciar, de una buena vez, a construir los senderos legales, políticos y sociales para la atención de la desaparición en el estado. En síntesis, reivindicar a las víctimas conlleva no sólo la formulación de leyes y enunciar discursos de buenas intenciones, sino una verdadera voluntad y compromiso político de las instituciones, en diálogo y articulación con la ciudadanía, siempre poniendo en el centro a las víctimas y sus familias, cuya voz debe ser la guía principal para orientar los procesos que conduzcan a nuestra sociedad a la verdad y a la justicia que demandamos.
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