Es necesario que los inversionistas aseguren que las empresas en las que invierten tengan mecanismos de acercamiento activo hacia las comunidades y grupos que resultan alcanzadas por las actividades empresariales, incluyendo sus cadenas de valor. Deben tener mecanismos de consulta y recepción de información de organizaciones de la sociedad civil y/o comunidades que abogan por el respeto a los derechos humanos y ambientales. Esto es fundamental para obtener información de primera mano del contexto social general que pueda alimentar su decisión de invertir o de retirar su inversión en casos de violaciones a los derechos humanos o una falta de debida diligencia efectiva.
Las personas habitantes de Ixtacamaxtitlán tienen décadas en procesos de defensa junto con organizaciones socialesxii. Si un proyecto es rechazado por la comunidad o por grupos impactados negativamente, por más intentos que haga una empresa de obtener permisos estará por siempre bajo la incertidumbre de las posibles acciones sociales, legales y judiciales que muy posiblemente impacten en su sustentabilidad a cualquier plazo. Resulta prudente valorar si se quiere invertir o mantener una inversión que no es, desde su base, responsable y, por lo tanto, con poca perspectiva positiva, que oculta información a las comunidades alcanzadas con el proyecto, a la ciudadanía en general, a las autoridades y a sus inversionistas.
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