Que las gestiones diplomáticas se hayan volcado al rescate del General Cienfuegos confirma que la profundización de la militarización en este sexenio -con la creación de la Guardia Nacional, pero también con la extensión de la participación castrense en los más diversos ámbitos de la vida pública- ha brindado a las Fuerzas Armadas una notoria preeminencia en la actual administración, que puede modificar el modelo al que se habían ajustado las relaciones cívico militares en la historia reciente del país.
Pero también, desde la óptica de la justicia, el regreso del General puede terminar sedimentando la política de impunidad castrense que ha prevalecido en México. Es poco probable que a nivel nacional exista una investigación pronta y exhaustiva, pues las indagatorias sobre actos de corrupción o violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas suelen desembocar en impunidad. Las fiscalías temen investigar con seriedad los delitos que cometen los castrenses, en buena medida por el contexto de empoderamiento militar que vivimos; además, las Fuerzas Armadas no se han caracterizado nunca por cooperar con las instancias civiles para el avance de dichas investigaciones.
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