Los jueces de ejecución, según lo establece el artículo 26 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), tiene la obligación de velar por las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad, es decir, son los que deberían haber advertido si un centro penitenciario cuenta con la infraestructura, equipamiento, y personal suficiente de salud que pueda hacerle frente a las contingencias sanitarias que se avecinan. Sin embargo, de su parte, esta advertencia nunca llegó.
Por ello, hoy nos preguntamos: ¿qué pasa con esas personas que en tiempos de COVID-19 se encuentran privadas de libertad, que requieren de una atención urgente y que el sistema penitenciario no les puede dar respuestas? ¿Dónde están los jueces de ejecución? Seguramente en una pausa ordenada por un sistema que nuevamente volvió a invisibilizar a las personas que se encuentran privadas de libertad.
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