Aún con legislación medianamente modernizada y adaptada a la coyuntura contemporánea, los problemas del sistema penitenciario, abundan y no se solucionan. Las estadísticas de reincidencia delictiva, la encarcelación en masa, las riñas y motines y la ausencia de programas sólidos de reinserción social, entre otros, siguen dolosamente causando terribles consecuencias en el tejido social del país, como un proyectil que periódicamente se lanza y explota en nuestra propia casa.
Y aún con la amenaza omnipresente de la desinformación, se debe de hablar de soluciones. Atendamos con urgencia la penosa distribución de cargas de trabajo de los funcionarios del sistema de justicia; pongamos atención específica en los mecanismos de corresponsabilidad; redoblemos en todos los estados la necesidad de una implementación íntegra de la Ley Nacional de Ejecución Penal; exijamos que las instituciones se hagan cargo de las capacitaciones en materia de ejecución penal, tortura y derechos humanos que tanta falta le hacen a las juezas y jueces, defensoras o fiscales que, de primera línea, son aquellos que lamentan las limitaciones que el Estado se ha encargado de olvidar.