Ante el amparo que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren, Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de denunciarse. Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad
a su consulta.
Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores.
Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el patrón de despojo que viene de tiempo atrás.