Los gobiernos tienen una gran responsabilidad en la crisis en materia de violencia de género que vive nuestro país. El argumento de los gobiernos de que nuestra vida personal no es su responsabilidad es falso. La impunidad que persiste en los casos de violencia de género que sí se llegan a denunciar es responsabilidad del gobierno. La falta de políticas públicas para garantizar una vida libre de violencia es responsabilidad del gobierno. La falta de programas institucionales dedicados a que los hombres trabajen y entiendan nuevas formas de relacionarse dentro de la sociedad también es responsabilidad del gobierno. El trato que reciben las mujeres trans en los servicios públicos de salud también es responsabilidad del gobierno. Así podría continuar la lista.
Para ello, es necesario contar con capacidades institucionales que generen este tipo de políticas públicas y programas sociales, o de contar con agentes del Ministerio Público con la capacidad de atender a una víctima de violencia de género para no generar procesos de revictimización. Para que esto se vuelva una realidad, el gobierno debe inyectar recursos a las instituciones que deben generar estas políticas.
Claramente para el ejercicio 2020 la agenda de las mujeres no fue una prioridad. La política militarizada de seguridad no ha funcionado y aun así el gobierno le sigue apostando cantidades millonarias a fuerzas armadas. La seguridad de las mujeres depende de esas políticas y de los recursos que se destinan a las instituciones. Si el gobierno tiene la voluntad de que esto cambie, la primera señal de su voluntad debería ser el cambio en sus prioridades presupuestales.