El 30 de agosto de 2019, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un anuncio esperanzador: instruyó a su gabinete a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) para conocer casos individuales de personas desaparecidas en México.
Sin embargo, a seis meses la instrucción presidencial inexplicablemente no se ha hecho realidad y la expectativa entre las víctimas comienza a dar paso a la frustración.
Las familias en búsqueda han luchado por más de una década para abrir todos los caminos que les puedan proporcionar verdad y justicia; es su derecho y llevan razón en su exigencia. Se han lanzado a las calles y a los campos para realizar la búsqueda, han hecho incidencia legislativa, han dado testimonio ante órganos de derechos humanos, han ido ante los ministerios públicos, han mostrado cómo realizar el trabajo. Esa misma experiencia les dicta que, ante instituciones que no pueden o no quieren investigar, es necesario ejercer su derecho a recurrir a instancias internacionales especializadas.
La aceptación de la competencia del Comité no solamente beneficiaría a los casos individuales que llegaran a ese nivel; con las recomendaciones estructurales que puede hacer este organismo especializado en las desapariciones, la propia institucionalidad del Estado se vería fortalecida para afrontar, de manera realmente efectiva, la crisis de desapariciones que sigue presente.