BAJO LA LUPA | Las comunidades mexicanas sí pueden vencer a los gigantes mineros, por Fernanda Hopenhaym

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En la cuenca del Río Sonora, los afectados no pueden beber el agua que sale de sus grifos sin temer enfermarse. Bañarse les ocasiona trastornos en la piel. La economía sigue estancada. Pero la remediación prometida por los gobiernos y la empresa nunca se ha cumplido, según los informes que realizamos con los Comités de Cuenca Río Sonora, un movimiento social que reúne a cientos de afectados y cuyo trabajo ha sido reconocido por organizaciones de la sociedad civil y varios relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas.

Después de más de cinco años de lucha, el 15 de enero pasado, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia —el máximo tribunal en México— concedió por unanimidad el amparo y protección a las comunidades del Río Sonora. Aunque aún falta por conocer los detalles de la sentencia, esta es una victoria histórica y un argumento más contra las afirmaciones de que el río y la zona están completamente recuperados.

El poderoso corporativo transnacional Grupo México cuenta con un amplio historial de afectaciones ambientales, a los derechos humanos y a los derechos de sus trabajadores. Hasta ahora ha salido impune y, ante la perspectiva de que esto cambie, pretende socavar la legitimidad del movimiento social y convencer a la opinión pública de que la lucha no es de la gente organizada, a quien creen incapaz de pensar por sí misma, y que los grupos de defensa de los derechos humanos tienen una agenda detrás y están siendo manipuladas por intereses políticos. Quiere cambiar el foco de la historia a voluntad.