En materia de libertad de expresión, en 2019 había una gran expectativa de cambios estructurales en el país. No tanto por ser un nuevo año, sino por un nuevo Gobierno y porque el anterior había representado una amenaza real y directa para la prensa y para una sociedad que buscaba información.
No obstante, en 2019 los cambios en materia de seguridad para las y los periodistas no fueron perceptibles. Por el contrario, la violencia mantuvo el incremento constante que habíamos documentado en los últimos seis años y al menos 10 periodistas fueron asesinados por hacer su trabajo. También, estados donde anteriormente no habíamos registrado tanta violencia, como Quintana Roo y Guanajuato, se convirtieron en espacios despiadados para hacer periodismo.
Por su parte, las promesas de un cambio en materia de la asignación de la publicidad oficial se quedaron muy cortas.
En el ámbito institucional, el Mecanismo de Protección a Periodistas y personas Defensoras de Derechos Humanos se sujetó a un diagnóstico profundo por parte de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que derivó en más de 100 recomendaciones.
Por su parte, si bien en las letras cambió la naturaleza y estructura de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría), en los hechos ha sido lo mismo. Los responsables de las agresiones siguen gozando de las canonjías que otorga la impunidad. Hasta la fecha no podemos decir que existe un revire en el acceso a la justicia en materia de las agresiones en contra de la libertad de expresión y esto, en definitiva, puede catapultar la promesa de más seguridad y por lo tanto más libertad para ejercer el periodismo.