Inicio por un punto que me parece el pilar de los problemas que tiene el Tren Maya: no existen –o no se han dado a conocer- estudios de los impactos ambientales y sociales que tendría el proyecto. La falta de esos estudios de impacto no es menor, sino que es el primer elemento que contamina su legalidad y legitimidad.
Sin esa información, no es posible consultar a las comunidades indígenas a partir de información accesible, completa e idónea, tal y como establecen los parámetros internacionales. Peor aún: no es posible saber con claridad a qué comunidades debe consultárseles y cuál es el grado de afectación que tendría cada una.
No bastando la ausencia de esta información trascendental para realizar el proceso de consulta, éste fue diseñado de manera unilateral. Conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, el protocolo de consulta indígena debe realizarse en conjunto con las comunidades afectadas, sobre todo aquellas en las que el impacto del proyecto será mayor (información que, insisto, aún no se tiene). Es decir, el utilizado en este proceso es un documento impuesto y hecho desde el gobierno que gestiona el proyecto.
Pero uno de los puntos que me parecen más preocupantes es que tanto la Convocatoria y el Protocolo como la implementación realizada este fin de semana evidencian que se trata de un proceso que homogeniza a las comunidades. No existe un pueblo maya, sino varios pueblos mayas con distintas formas de organizarse y llevar a cabo sus procesos de consulta.
Por último, la Convocatoria indica que las asambleas realizadas este fin de semana tienen la finalidad de “recibir propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos, estableciendo los acuerdos correspondientes”. Similar aclaración hace el Protocolo. Es decir, se trata de un loable ejercicio de atención al cliente, pero no de una búsqueda de consentimiento.