El día de los hechos la policía y la procuraduría capitalinas no atinaron más que a ofrecer que se investigaría la incursión como “intento de robo; en tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció apoyo, pero nadie de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) acudió al domicilio del periodista, y no es, sino hasta hoy, que el titular de esa instancia, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, recibirá en audiencia al reportero de La Jornada. Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SG), afirmó ayer que el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas será modificado para que no sea sólo un instrumento reactivo, sino preventivo.
Lo cierto es que hasta ayer las llamadas y mensajes de voz y texto en los que se reiteraban las amenazas seguían llegando impunemente al teléfono celular del reportero, situación que ninguna dependencia federal ni local había logrado impedir.
En lo inmediato, las autoridades locales y federales tienen ante sí la obligación de otorgar protección efectiva a Emir Olivares, pero también la de identificar, localizar y detener a quienes se encuentran detrás de las amenazas en su contra, no sólo para tutelar su derecho a la vida y a la libre expresión, sino también para avanzar en el desmantelamiento de los grupos delictivos que se encuentran detrás de tales amagos.