Los ejidos y las comunidades le dieron la vuelta a la privatización de la tierra que significó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), certificando la mayor proporción de la tierra, como de uso común, porque mantiene las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Sembrando Vida impulsa que la propiedad social colectiva sea parcelada e individualizada, será muy difícil que cuando termine el programa, esa tierra vuelva a ser de uso común del núcleo agrario.
[…] en el caso de Sembrando Vida los recursos se otorgan a los productores individuales, quienes normalmente los destinan al consumo personal, que no fortalece la organización comunitaria, ni dinamiza la economía local. En regiones en las que ya ha iniciado el programa se ha notado un aumento del consumo suntuario, por ejemplo de cerveza en lata.
El programa se propone crear una organización paralela a la organización agraria, pues los participantes se deben integrar a una Comunidad de Aprendizaje Campesina integrada por 25 de ellos, que deben responder a un técnico productivo y a un técnico social. Existe también un coordinador territorial para cada 50 mil hectáreas y 20 mil productores. Los recursos del programa fortalecen esta estructura gubernamental que puede ser utilizada con distintos fines. Este programa también provoca la diferenciación social, ya que hay un abismo entre los campesinos que reciben su cosecha como producto de su trabajo, y aquellos que, además de su cosecha, recibirán un salario de 5 mil pesos por mes, durante seis años.
La significativa entrada de dinero a las comunidades, que se celebra pues por supuesto lo necesitan, debería estar dirigida de forma autogestiva por las asambleas comunitarias para evitar la polarización social y redistribuir oportunidades y tareas.