BAJO LA LUPA | En México se tortura con tal de reducir trabajo judicial, por Sergio Pérez

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Desde la instauración del Sistema Penal Acusatorio hasta la fecha, en el estado de Baja California el 96.9%1 de los casos fueron resueltos sin un juicio oral, con todos los beneficios que éste contrae para el imputado, en Sonora en el 2018, el 66% de los casos fueron resueltos por procedimiento abreviado, y en el mismo año en Aguascalientes y Campeche el 47.4%2. Normalmente, bajo condiciones de coacción, acorde a las entrevistas llevadas a cabo por Asilegal con personas privadas de libertad en el estado, personas vulnerables por factores socioeconómicos o estamentales, son presionadas a confesar con el fin de acelerar el proceso de convicción y aligerar la carga de trabajo del Sistema Penal. En ciertos casos, incluso, se han generado pactos entre la fiscalía y los defensores públicos sin tomar en cuenta al imputado.

Es necesario apuntar que mientras, por sí sólo, el proceso abreviado no es necesariamente una herramienta perniciosa, en un país como México donde las prácticas de abuso son cotidianas, su implementación ha lastimado profundamente la impartición de justicia con tal de reducir la carga de trabajo del Sistema de Justicia. Cosa que lo convierte en un arma muy peligrosa para el libre acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la corrupción. Después de que un imputado acepte el proceso y, por tanto, su propia culpabilidad, se suspende por completo la presunción de inocencia y principio de contradicción, esenciales para un proceso judicial justo. Por medio de métodos de tortura psicológica, sometiendo a la persona a contextos de angustia, sufrimiento y ansiedad, se presiona a tomar una decisión con un déficit de condiciones estamentales que validen la decisión de la persona.