Es lamentable que en México aún no existan, como sí en otros países, mecanismos de defensa sobre aquellas demandas que buscan limitar la participación y el debate público. En cambio, tengamos un Poder Judicial que abiertamente solapa la corrupción y la impunidad, omitiendo considerar lo que incluso la Suprema Corte de Justicia ha dicho en casos similares.
La libertad de expresión y la libre circulación de información, aún cuando esto suponga la crítica a personas o a entidades, son de importancia crucial en una sociedad democrática para el desarrollo personal, la dignidad y la realización de cada individuo, así como para el progreso y el bienestar de la sociedad.
Es mentira que hay más libertad de expresión en nuestro país. Mientras quienes acercan la información a la sociedad y develen las verdades sobre la corrupción y la impunidad sean los perseguidos y no los corruptos y violadores a derechos humanos, México no será un país de libertades. Las leyes en nuestro país hoy limitan el debate y la información de interés público permitiendo que funcionarios como Humberto Moreira utilicen el aparato del Estado de manera perniciosa para tapar la verdad.
Las y los legisladores a nivel federal y local tienen una tarea importante para derogar aquellos tipos penales que criminalizan la libertad de expresión o bien para generar mecanismos de defensa ante demandas civiles que buscan, abiertamente, limitar la participación ciudadana. Pero también para esto, “hay que esperar”.