Ese día participaron en el anuncio de que la iniciativa de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo se había aprobado en el Senado. Poco después, en el conversatorio El maíz y la 4T diversos funcionarios subrayaron el compromiso de la actual administración con la autosuficiencia alimentaria, especialmente de maíz, sin transgénicos y apoyando a pequeños productores.
Hemos de celebrar sin reservas esas posturas. Pero no por ello hay que lanzar las campanas a vuelo. Hay problemas en la iniciativa aprobada. El 2 de octubre la Red en Defensa del Maíz se pronunció contra ella, porque no prohíbe la siembra experimental, piloto o comercial del maíz transgénico y puede propiciar la privatización del maíz nativo. Muchas personas temen que en la Cámara de Diputados, muy expuesta a personeros privados, la iniciativa se deteriore aún más. Los productores comerciales de Sinaloa y Jalisco objetaron abiertamente la ley y exigieron que, para lograr la soberanía alimentaria, se protejan más bien los híbridos.
La lucha para proteger los maíces nativos necesita ahora intensificarse, para enriquecer la ley e impedir que traicione su propósito. Al mismo tiempo, debe enfrentar otra amenaza.
El Grupo de Estudios Ambientales (GEA) puso en circulación un díptico sobre la Privatización de las semillas en México
. Recuerda en él que la firma de los tratados de libre comercio (TPP y TMEC) obliga a México a entrar a la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, en su versión de 1991 (UPOV91, por sus siglas en francés). Con ella, las corporaciones trasnacionales podrán apropiarse de las semillas nativas o criollas, que se volverían mercancías patentadas y comercializadas por ellas. Junto a los privilegios a las corporaciones, se impondrán restricciones a las actividades tradicionales. La convención constituye un inmenso peligro para el país, sus semillas y su gente.