Son demasiadas las irregularidades y manipulaciones de la extinta PGR, cometidas tanto en la investigación construida como en las consignaciones de detenidos ante jueces, a ninguno por el delito de desaparición forzada.
Seguramente la incorporación de dos de quienes fueron miembros del GIEI y la experiencia que al respecto tiene el fiscal Gómez Trejo les permitirá redefinir líneas de investigación o abrir otras. Ello aunado al acompañamiento del abogado Vidulfo Rosales y de Santiago Aguirre, director del Centro Pro de Derechos Humanos, quien observa que de no proceder contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes
. El propio Vidulfo Rosales ha puesto el dedo en la llaga al señalar que es la Secretaría de la Defensa Nacional la que debe ser congruente, ahora sí, ya que canceló dos reuniones con la comisión y además no ha proporcionado una “respuesta puntual a los cuestionarios que los padres entregaron durante su visita al 27 Batallón de Iguala el 24 de julio de este año.
Por su parte el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, advirtió que es de reconocer esta nueva etapa y advirtió que la investigación del caso Ayotzinapa está dañada por fabricación y encubrimiento de autoridades en el pasado y destacó la dificultad que prevalece para distinguir las pruebas reales de las fabricadas, así como para rescatar todo aquello que puede servir para dar con el paradero de los estudiantes.