BAJO LA LUPA | Ayotzinapa, entre el dolor y la esperanza, por Mario Patrón

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Ayotzinapa se convirtió de golpe en el emblema de la grave crisis de derechos humanos no reconocida por el gobierno federal y en una puesta a prueba tanto de las capacidades del aparato de justicia como de la voluntad del Estado para que éste fuese un punto de no retorno, lo cual sólo sería posible con verdad, justicia y reparación.

Sin embargo, y a pesar de que el caso ha permanecido en la arena pública, el Estado ha sido incapaz de dar con el paradero de los estudiantes. Protección a funcionarios señalados por irregularidades en la investigación, retrasos en la exploración de líneas distintas a la oficial, obstáculos a la asistencia técnica internacional y ningún resultado central para el hallazgo indican que Ayotzinapa no sólo es paradigmático por la magnitud de la tragedia, sino también por la impunidad que protege los pactos entre funcionarios y el crimen.

Lo que sabemos con certeza es lo que ha reconstruido el GIEI y han plasmado los científicos de Forensic Architecture, así como lo diagnosticado por la ONU-DH, la CNDH y las resoluciones del Poder Judicial. Los hallazgos del GIEI destacan el contexto de macrocriminalidad, pues sólo mediante el contubernio de distintas instituciones y el crimen organizado se pudo ejecutar este conjunto de graves violaciones a derechos humanos.

Debemos comprender que un hecho de estas dimensiones –tanto en su violencia como en la magnitud de las afectaciones y el empeño en encubrirlo– no se explica simplemente por la complicidad entre autoridades municipales y un grupo criminal. Si queremos evitar que estos episodios se sigan reproduciendo, debemos presionar para que este caso se resuelva y para que los mecanismos necesarios para ello no sólo se activen, sino que se ofrezcan también en otros casos; pues, entre otras cosas, Ayotzinapa develó una realidad aún más cruda que se retrata en por lo menos 40 mil personas desaparecidas en nuestro país.

Los padres y madres de los 43 y todo México tenemos una última oportunidad, que bien puede formularse como una pregunta: ¿logrará el gobierno de AMLO desmontar los pactos de impunidad de la institucionalidad podrida que heredaron? No hay duda de las expresiones de voluntad política del Presidente, pero después de casi 10 meses de gobierno, eso no ha sido suficiente para dar con la verdad.