A partir de la declaratoria de guerra contra el narcotráfico y del incremento expresivo de la violencia, han sido múltiples los beneficios y la rentabilidad que ha traído consigo la tendencia y la narrativa securitaria. Ha beneficiado a ámbitos específicos, entre ellos, el político, el militar, a algunos rubros mediáticos, noticias, literatura, cinematografía, televisión, plataformas de streaming y la prensa. Incluso ha producido un boom de analistas, expertos/as, y el nacimiento de nuevas empresas de seguridad en forma de consultorías de origen extranjeras y domésticas, que han generado “modelos” o estrategias que se comercializan como franquicias bajo el mote de “buenas prácticas”.
Por otro lado, la centralidad del tema de la violencia en la agenda pública, en los espacios de socialización y específicamente en los medios de comunicación, tiene una alta repercusión en la configuración de las dinámicas sociales. Al respecto, González, Tinoco y Macedo (2012) afirman que en sociedades donde la conflictividad, la violencia y el delito son una realidad fáctica, el sentimiento de miedo se potencia, y encuentra su reafirmación con la acentuada presencia de la policía y las FFAA. En este contexto, el sentimiento del miedo se ha posicionado como organizador de la vida social, dando como resultado, una sociedad que se organiza en torno al miedo.
El poder de la retórica circunscrita a la lógica de la guerra ha reconfigurado nuestro contacto con la realidad, y particularmente ha reorganizado el ranking de prioridades de la sociedad, empujando a muchos sectores sociales a demandar la utilización de los recursos más potentes y represivos para responder al problema de la violencia. En este sentido nuestra respuesta ha sido mayoritariamente sumisa, poco reflexiva y ad hoc a los intereses del avance de la hegemonía militar y del status quo.
Dada la perspectiva actual del gobierno federal, desmontar la narrativa securitaria y belicista no se antoja en lo absoluto sencillo, ni tampoco próximo, pero debe plantearse como una meta central, si en verdad se pretenden implementar políticas públicas efectivas para la reconstrucción del tejido social.