Estamos ante un acelerado realineamiento de incentivos políticos que, en cada vez más porciones del país, empuja a la GN hacia la condición de tabla de salvación. Acaso ya nos hemos encaminado hacia la reproducción desproporcionada de la demanda de intervención de la GN, derivada de presiones nacionales y ahora internacionales. La trayectoria obliga a la pregunta: ¿de qué tamaño terminará siendo el control militar de las instituciones policiales en México, vía la GN?
Pero mírese desde donde se mire, debería ser absolutamente irrebatible, para todas y todos, que la GN no puede acometer tal desafío apartada del control interno y externo sobre su diseño, organización, recursos y operaciones. Puede discutirse tanto como sea necesario el modelo de tales controles, pero no debe discutirse si los mismos son o no fundamentales; lo son en el sentido más estricto del término. La experiencia y documentación internacional es vastísima al respecto: no hay función policial en verdad propia de un Estado de derecho donde el diseño institucional no incluye, entre los cimientos mismos, el sistema de controles combinados, internos y externos.
Toca recordar las palabras de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “…el Estado mexicano solicitó formalmente a mi oficina asistencia técnica en materia de derechos humanos relacionados con la operación, transparencia y rendición de cuentas de la Guardia Nacional. Y esta misma mañana hemos firmado un acuerdo en este sentido”.
Toca materializar en los hechos este acuerdo, cuya relevancia es mayor a cualquier palabra que la intente describir. La ONU-DH acompañando de cerca a la GN, sería la mejor noticia imaginable, primero, para la propia institución, y segundo para el país entero y en particular para las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad. Es ahora o tal vez nunca será.