Durante más 10 años nuestra exigencia al Estado ha sido por el combate a la impunidad. Hemos señalado una y otra vez que no habrá Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos y Periodistas que alcance y sea sostenible mientras no existan consecuencias para aquellos que deciden acallar a un o una periodista. Así de claro, el Mecanismo puede tener la voluntad de erradicar la violencia contra la prensa, el presupuesto suficiente para desplazar a todos/as los periodistas en riesgo, personal suficiente en número y en capacidades; pero mientras las Fiscalías no hagan su trabajo, mientras no den con responsables materiales e intelectuales, mientras no nos permitan reconocer a través de las investigaciones por qué decidieron ir agredir a un periodista, no habrá prevención de la violencia.
El sistema de protección hoy se encuentra fragmentado y requiere de una política integral de protección que NO solamente involucra al Mecanismo coordinado desde la Secretaria de Gobernación (federal), sino a los Gobiernos de los Estados de la República y a las Fiscalías federal y locales. Así las cosas, la Federación, como en muchos otros rubros, ha tenido que ejercer funciones que le corresponden a gobiernos locales penetrados por la delincuencia y la incompetencia. Ya a estas alturas, damos por hecho que a esos actores políticos no se les puede pedir que cumplan con sus funciones y deberes; diluyendo, en los hechos, cualquier responsabilidad legal y política.
Por eso es importante que este gobierno federal con “vocación de transformación” retome el rumbo y cumpla con sus funciones de promoción, prevención, protección y sanción de las violaciones a derechos humanos y delitos cometidos contra periodistas.