El día de hoy, en el campus de Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, el Gobierno de México ofrecerá una disculpa pública por el asesinato, a manos de militares, de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
La muerte de Jorge y Javier no puede entenderse sin entender nuestra «guerra». En 2010, cuando los estudiantes fueron asesinados, el despliegue militar llevaba 4 años y cerca de 50 mil soldados realizaban operativos en el país. La estrategia de seguridad militar trajo consigo una lógica de guerra -del enemigo- bajo la cual a la población civil se le protege, pero a los «otros»-a los delincuentes- se les elimina. Bajo esa lógica, la presunción de inocencia, el derecho a la integridad física o el derecho a la vida -corresponden sólo a unos, a los nuestros. Los «otros», los enemigos, no tienen derechos.
Entre 2007 y principios de 2014 murieron a manos del Ejercito casi 4 mil personas. Muy pocas de estas muertes han sido investigadas. No sabemos cuántos más casos de falsos positivos, como el de Jorge y Javier, existen en esa cifra.
Peor aún, desde 2014 el registro de muertos a manos del ejército dejó de hacerse público.
Sin duda es positivo que el Estado reconozca su responsabilidad en un crimen injustificable; pero es también indispensable que se adopten las medidas necesarias para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir. La no repetición significa que cada caso de uso de la fuerza letal sea investigado puntualmente. Debe además reconocerse cada muerte, de entrada, haciendo pública la información sobre los muertos.