Para empezar, hay que admitir que en el mundo entero existen, por un lado, fans de la protección de datos y por otro lado entusiastas de transparencia absoluta, por tanto, equilibrar ambos derechos puede ser desafiante. Ni siquiera cuando existe un genuino esfuerzo de proporcionalidad resulta fácil asegurar el equilibrio; siempre pueden existir zonas «fronterizas», contenciosas.
Sin embargo, en México las violaciones del primer tipo y del segundo no son realmente producto de una falta de equilibrio entre dos derechos, sino de la misma lógica. Su denominador común es la discrecionalidad y prepotencia de los poderosos.
Pero la protección de datos personales de los perpetradores no puede ser utilizada para proteger servidores públicos que hayan cometido violaciones de derechos humanos. Y tampoco se puede utilizar la supuesta protección de datos personales de las víctimas para proteger a sus victimarios.
Además del derecho de las víctimas a la verdad, hay un legítimo interés público en saber quién fue responsable de las violaciones de derechos humanos. Que X funcionario haya torturado, ejecutado o desaparecido a una persona no está relacionado con su privacidad. La información sobre quiénes perpetraron hechos tan horribles como la matanza de Tlatelolco, las ejecuciones y desapariciones desde la Guerra Sucia hasta la actualidad, no puede permanecer oculta frente a las víctimas ni frente a toda una sociedad que tiene derecho a saber la verdad.