(…) El Congreso, con auspicio del Ejecutivo, se encuentra en un debate que se apresta a modificar la Constitución para ampliar los delitos para los cuales se aplicará la prisión preventiva automática («oficiosa») de los indiciados. El proyecto es una mala idea, tanto desde el punto de vista de la eficacia de la lucha contra el crimen, como de la vigencia de derechos fundamentales en un régimen democrático. Su aprobación violaría las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, por el sólo hecho de la falta de adecuación de las normas del derecho interno a tales obligaciones (…)
La intención de extender esa figura procesal a nuevos delitos no hace más que agravar la situación (…) La crisis de seguridad y la crisis de derechos humanos, ambas, reclaman atención prioritaria y políticas públicas eficaces, surgidas de un debate participativo, pero sereno y cuidadoso. Sería una pena que la percepción de inseguridad -por real que sea- aliente la tentación del autoritarismo que se refleja en la vulneración de los derechos humanos….[rt]