Los próximos días serán cruciales para nuestra seguridad. De manera simultánea y paralela se adoptarán dos decisiones que determinarán la manera en la que se enfrentará a la criminalidad en México durante los próximos años. Por un lado, en sede legislativa, se discute la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Por el otro, en sede judicial, se analiza la (in)constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. No exagero al sostener que lo que está en juego es la naturaleza real del Estado mexicano.
Ayer, se prefiguró un escenario sorprendente por el cual la LSI podría ser declarada inconstitucional. Cinco ministros y una ministra se han pronunciado por la inconstitucionalidad de la ley con argumentos que, si bien no son idénticos, objetan la competencia del Poder Legislativo para aprobarla. Faltan dos votos en ese mismo sentido para desfondar una ley que buscaba apuntalar una estrategia de seguridad que se ha demostrado fallida. No sabemos cómo votarán los cuatro jueces constitucionales que faltan por pronunciarse, pero las posturas de quienes ya lo hicieron son demoledoras para la retórica del gobierno saliente y de los aliados con los que confeccionaron la ley. El problema es que también es una advertencia para las Fuerzas Armadas y para el gobierno entrante, que ya advirtió que la estrategia militar seguirá en pie.
Por eso es tan relevante el diseño y articulación de la nueva Fiscalía General de la República. Estamos en una coyuntura única para iniciar el cambio de viraje hacia una estrategia civil para enfrentar al crimen. Ojalá.