Como si fuera un hecho aislado, el pasado 8 de octubre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México comenzó a deshilar la historia de Juan Carlos “N”, un presunto “enfermo mental” y asesino serial confeso; pero omitió contar de que se trataba solo de uno de tantos casos de feminicidio que ocurren en esa entidad.
La historia de este asesino, retomada y replicada por los medios de comunicación, convirtió de repente al municipio Ecatepec en el epicentro del feminicidio, tal como hace 25 años lo fue Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Desde hace 25 años las organizaciones civiles y académicas advirtieron que si no se hacía algo para detener la violencia en Ciudad Juárez, ésta se extendería a toda la República mexicana. Hoy, en todo el país, la violencia de género cobra la vida de 8 mujeres y niñas al día. La violencia no se detuvo y la impunidad tampoco. Como muestra, en 2009 el Estado mexicano recibió una sentencia por feminicidio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH); además casi la mitad del país, 14 entidades, tiene activada una Alerta de Violencia de Género.
Al referirse al supuesto asesino serial, el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, afirmó que no había antecedentes de “esa violencia” pero las cifras demuestran lo contrario.
Como en su momento ocurrió en Juárez cuando nombraron a estos asesinatos por razón de género como “las muertas de Juárez”, los medios hoy convierten la realidad en una novela de suspenso con feminicidas que se vuelven “leyendas” dignas de contar.
Con todos los instrumentos legales y con recomendaciones de instancias y organismos internacionales, la sociedad civil aún debe hacer presión para que el Estado haga uso de ellos y termine con la impunidad, mientras a los medios de comunicación les exigen respetar los derechos de las víctimas y sus familias y dejar de hacer “pedagogía de la violencia de género”.