Se dio a conocer, esta semana, el estudio realizado por el World Justice Project México. Concebido y elaborado a manera de Índice. El estudio basado en 25 mil encuestas a nivel nacional, análisis de distintas bases de datos sobre los temas evaluados y entrevistas directas con 1,500 especialistas -según explicó Alejandro Ponce, jefe de investigación del WJP- arroja ilustrativos resultados que muestran la gravedad y profundidad de la crisis en la que estamos.
No hay un solo estado de la República que alcance una calificación aprobatoria. Ni uno solo logra una evaluación que satisfaga en los temas torales para una sociedad en materia de Estado de derecho. Prevalecen los actos de corrupción, la ineficiencia gubernamental, la violencia, la impunidad y la violación constante de los derechos fundamentales.
El Índice es valioso porque permite contrastar cuáles son los principales y más recurrentes ejes en que está montada esta tragedia nacional. En todos lados hay corrupción, no hay lugar en que se pueda decir que hay seguridad plena para los ciudadanos y la justicia penal y civil brillan por su ausencia en la gran mayoría de los casos que se presentan.
Otro termómetro con el cual se pretende obtener un diagnóstico y un consenso básico sobre lo que ha pasado y sigue pasando en México es el conjunto de foros «Escucha», a los que ha convocado el próximo gobierno de la República.
Carpetas, fólders, sobres, expedientes, cartelones y testimonios se han ido sumando en una montaña que atraganta. El futuro gobierno y la sociedad mexicana tienen en eso su principal desafío. Despenalizar la producción, consumo y distribución de drogas para que esas actividades sean reguladas por el Estado no resolverá todo, pero cambiará el paradigma desde el cual se ha construido este infierno.