BAJO LA LUPA | Violencia y opacidad dominaron sexenio de Peña, por Daniel Wilkinson

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El dato más notable de la “guerra contra el narcotráfico” es la aterradora cantidad de homicidios en el país. En efecto, más de 240 mil personas han sido asesinadas, según estadísticas oficiales, desde que esta “guerra” comenzó en 2006. 

Algo que se nota menos —pero también es impactante— es lo poco que se sabe sobre estas muertes. A más de una década de que el presidente Felipe Calderón iniciara esta desventurada “guerra”, en la amplia mayoría de los casos subsisten preguntas básicas que no han sido resueltas: ¿Quiénes cometieron estos crímenes? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué?

La falta de información confiable con respecto a la violencia en México no es casual. Más bien, es el resultado de una variedad de prácticas por parte de múltiples instituciones gubernamentales que tiene el efecto acumulado de un encubrimiento masivo. 

Durante el sexenio de Peña Nieto se hicieron esfuerzos para poner realmente al descubierto la verdad sobre la violencia. Pero los méritos son primordialmente de la sociedad civil, y no del gobierno. Defensores de derechos humanos, periodistas, académicos e investigadores independientes han logrado —ante obstáculos a menudo abrumadores— obtener, analizar y difundir información que las autoridades intentaron encubrir o, sencillamente, nunca brindaron.

La sociedad civil desmontó varias veces las versiones oficiales sobre las muertes causadas por las fuerzas de seguridad en Tlatlaya y otros casos conocidos.

En lugar de proveer más información, el gobierno de Peña Nieto optó por una mayor opacidad. En vez de examinar y explicar la relación entre la delincuencia organizada y el número de homicidios, simplemente optó por no contabilizarlos. En vez de investigar el índice de letalidad sospechosamente desproporcionado, la Sedena anunció que ya no estaba registrando la cantidad de civiles que mataran sus soldados. Y en vez de promover una mayor transparencia, el Presidente logró que se promulgara la Ley de Seguridad Interior con disposiciones que restringirían gravemente el acceso a la información, y así convirtió la política de opacidad en mandato legal.

Si López Obrador espera contener la violencia, debería asumir como prioritaria la meta de terminar con esta opacidad.  

 

*Lea el artículo completo en El Universal