BAJO LA LUPA | LSI: gobierno civil o militar de la seguridad, por Ernesto López Portillo

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Las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen en sus manos acaso la más grave decisión que ha enfrentado órgano alguno del Estado con respecto al paradigma de seguridad y las políticas públicas que el mismo sostiene en México. Al reconocer en su caso la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior harán una contribución quizá definitiva hacia la petrificación de un modelo de seguridad; si hacen lo contrario pueden provocar un golpe terminal al mismo.

No es esa ley un instrumento de auxilio sino una herramienta de reemplazo de la autoridad civil por la autoridad militar. Por tanto, lo que las y los ministros tienen en sus manos es nada menos que el poder de prolongar la alteración en curso de la relación cívico-militar, rompiendo acaso de manera definitiva e irreversible el pacto político original de subordinación del poder militar al civil.

Las y los ministros enfrentan la disyuntiva que habrá de definir el paradigma de seguridad hegemónico para México: civil o militar. Estamos ante una decisión de gravedad tal que cuesta trabajo dimensionarla. El eventual reconocimiento de la constitucionalidad de esa ley guarda implicaciones potenciales de alteración estructural en el arreglo político en su conjunto.

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