BAJO LA LUPA | Que no se olvide, por Catalina Pérez Correa

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La violenta represión del 2 de octubre marcó un hito en la historia de México. A partir de ese momento, el Ejército dejó de utilizarse para controlar manifestaciones urbanas, aunque continuó usándose en zonas rurales, contra guerrillas y manifestaciones campesinas. Pero los años nos han hecho olvidar. De nueva cuenta, se ha normalizado la presencia del ejército en las calles de nuestras ciudades, en carreteras y en puestos de control. Ya no se reprime (abiertamente) a los disidentes políticos sino que se combate al crimen organizado, esa figura jurídica abierta donde caben por igual El Chapo Guzmán que una mujer que carga medio kilo de marihuana de Chiapas a la CDMX y que justifica cualquier exceso en defensa del Estado.

Los riesgos de usar al ejército como un cuerpo de control social continúan siendo los mismos hoy que hace 50 años: tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y civiles muertos al calor de los eventos.

En unas semanas se prevé que la SCJN decida sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Esta norma faculta al Ejército a participar en tareas de seguridad pública, simplemente llamándolas de “seguridad interior”. Se trata de tareas que, según nuestra Constitución, corresponden exclusivamente a las autoridades civiles. La historia nos ha dejado en claro los riesgos que implica tener al ejército en la calle y los abusos que se cometen en nombre de la defensa del Estado. A pesar de que nuestro próximo presidente asegure que no usará al ejército para reprimir y que tendremos un ejército que limite el uso de la fuerza y respete los derechos humanos, los peligros son indiscutibles. El Ejército es un cuerpo de guerra y sus miembros están entrenados, equipados y organizados para eso.

El país ha cambiado mucho desde el 68 y a la vez no ha cambiado tanto. En pleno 2018, la legalidad es una burla, el Ejército hace las veces de policía y las instalaciones militares aún sirven de centros de detención de civiles. Los ministros y ministras de la SCJN tienen en sus manos la oportunidad de acotar la participación del ejército en nuestras vida política y social. Al decidir sobre la constitucionalidad de la LSI esperemos recuerden nuestra historia, incluido el 2 de octubre.

*Lea el artículo completo en El Universal