La implementación de las medidas de protección del Mecanismo depende de un fideicomiso, lo que ya representa una serie de obstáculos para la transparencia y rendición de cuentas. La información pública sobre estos instrumentos es tan general y distinta según la fuente consultada, que resulta poco confiable y pone en duda la efectividad de estos instrumentos.
Un ejemplo claro fue la información divulgada en días pasados en torno a los recursos del Mecanismo. El pasado 27 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México hizo un llamado al gobierno para que destine suficientes fondos para la operación de este instrumento. Dijo entonces que el fideicomiso que permite su operación, el Fondo para la protección de personas defensoras derechos humanos y periodistas, no cuenta con recursos suficientes para operar. Sin embargo, esta ausencia de recursos no se veía reflejada en la información pública.
Fue solo hasta hace unos días que se difundió, vía el portal de internet de la Secretaría de Gobernación, que existen 202 mdp disponibles, pero que se encuentran comprometidos y son insuficientes para seguir operando el Mecanismo.
Estos recursos son un insumos fundamentales para salvaguardar la seguridad y la vida de un sector social que enfrenta un agravado contexto de violencia. Por esta razón, cobra mayor relevancia que el funcionamiento, administración y la ejecución de los recursos del fideicomiso se rijan con la mayor transparencia, rendición de cuentas, economía y eficiencia, con respeto y garantía a los derechos humanos.