Probablemente la sentencia que más repercusión mediática ha concitado en este sentido es la relativa al caso de Ayotzinapa, emitida en junio por el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Pese a la amplia discusión que este fallo ha desencadenado, no es la única resolución reciente en que jueces y magistrados se han pronunciado con determinación en contra de la impunidad. Un ejemplo de esto es el juez decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, quien determinó que la PGR no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya y, en respuesta a un recurso de una de las sobrevivientes de estos hechos, ordenó al MP realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades. Esto incluía indagar la cadena de mando involucrada en la emisión de la orden ilegal de abatir delincuentes en horas de oscuridad, recibida por la unidad militar que estuvo implicada en los eventos, días antes de que estos acontecieran.
En un caso más relacionado con la falta de rendición de cuentas en la guerra contra el narcotráfico, la jueza novena de distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, impuso al titular de la Secretaría de Marina cinco multas por no rendir todos los informes justificados relacionados con un presunto caso de desaparición forzada, que su juzgado conoció por la presentación de diversos amparos.
Aunque sería deseable que la PGR cumpliera los fallos, la desproporcionada reacción del gobierno federal contra la sentencia relativa al caso Ayotzinapa, la cual presentó más de 100 recursos promovidos por 10 instancias diferentes, anuncia que desde las altas esferas del ejecutivo federal existe una resistencia activa a acatar las sentencias protectoras de los jueces y magistrados de la nueva generación. Es posible pensar también que la emisión de estas sentencias innovadoras sea posible, en parte, por el posible relajamiento de los controles políticos sobre el Poder Judicial en el contexto del fin de sexenio.