Ante el anuncio de que Andrés Manuel López Obrador presentará una terna al Congreso para que sea nombrado el próximo procurador general de la República, las reacciones no se han hecho esperar.
Ante la pregunta que se han hecho periodistas y analistas como Ciro Gómez Leyva y Pablo Hiriart acerca del supuesto silencio de quienes exigen una fiscalía que no tenga como cabeza a un cómplice del Ejecutivo, ni como estructura una copia del personal de la actual PGR, vale la pena aclarar que la voz que se opone a un fiscal carnal y a una fiscalía sin autonomía sigue firme y los argumentos se sostienen. Quizá, su impresión de que los que promueven la autonomía en la procuración de justicia andan muy “calladitos” se deba a que no han tenido oportunidad de dar seguimiento a las declaraciones que varios integrantes del colectivo han hecho a diversos medios de comunicación durante toda la semana. O tal vez se deba a que, en este proceso de reconformación de escenarios, se suele recurrir a la descalificación generalizada contra quienes desde su espacio de trabajo ciudadano buscan hacer incidencia en las políticas públicas sin contemplaciones partidistas.
Ojalá que entre los cambios que se deriven de lo que muchos llaman la “Cuarta transformación” sea posible romper con los siguientes paradigmas: 1) Pasar de “La procuración de justicia debe ser leal al poder Ejecutivo” a “La procuración de justicia debe ser eficiente para combatir la impunidad y la violación a los derechos humanos” 2) Moverse de “El nombramiento y remoción del fiscal debe ser facultad única del ejecutivo” a “Merecemos que la designación sea transparente, participativa y garantice que una vez en su cargo el Fiscal no sea parcial, en casos que impliquen al actual gobierno y si hubiera, al entrante” 3) Abandonar la idea de “Reproducir un modelo de fiscalía dictado por procuradores anteriores” y afianzar el compromiso de “Rediseñar una institución que ponga a las víctimas en el centro”.